Sanidad incluye la vacuna de la varicela en el calendario infantil

El ministerio de Sanidad ha aprobado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario de vacunación infantil.

De esta forma, se empezará a vacunar a los niños en edad pediátrica precoz a partir de 2016, según el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas (CCAA). Por el momento, no se sabe si la inmunización estará también disponible para la venta libre en las farmacias.

Hasta ahora, sólo se inmunizaba contra esta enfermedad a los niños que, llegados a los 12 años, no hubieran pasado la infección. Pero a partir de ahora, se inmunizará sistemáticamente a todos los niños, con una primera dosis "entre los 12 meses y los 15 meses y una segunda de recuerdo entre los dos y los cuatro años".

El impacto para los presupuestos del año que viene ronda los seis millones de euros y 14,5 para el siguiente, un coste que, según el ministro, Alfonso Alonso, va a ser "asumible" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a una de las revindicaciones de los pediatras, que pedían la inclusión de esta inmunización en el calendario infantil o, como mínimo, que Sanidad permitiera su venta libre en farmacias (algo que antes se hacia pero que la ex ministra Ana Mato prohibió).

No obstante, la decisión de Sanidad choca con la oposición de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que argumenta que este cambio en la política de vacunación "no se basa en criterios científicos".

Sanidad Universal

Esta reunión del Consejo Interterritorial ha estado marcada por una importante ausencia: en el orden del día de la reunión no estaba contemplada la vuelta a la asistencia en Atención Primaria para los inmigrantes en situación irregular que el ministro anunció el pasado mes de marzo. Desde antes de entrar al encuentro, los consejeros de las CCAA socialistas han reclamado que se incluyera este asunto en el orden del día, pero finalmente, éste ha tenido que tratarse en el turno de ruegos y preguntas.

Y aunque finalmente se ha debatido el tema, no se ha llegado a ningún acuerdo. Según ha informado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el 14 de julio se llegó a un principio de acuerdo con las CCAA sobre esta cuestión, en virtud del cual se ponía sobre la mesa la idea de tratar en atención primaria a los inmigrantes en situación irregular que llevaran, "al menos, un año empadronados, tuvieran el pasaporte en vigor, y hubieran presentado la solicitud en un centro de Atención Primaria". A estas personas, ha dicho, se les entregaría "un documento", pero "nunca una tarjeta sanitaria", ya que, según ha explicado el ministro, Alfono Alonso, "la nueva regulación no puede abrir la puerta otra vez al turismo sanitario por el que se desangra el sistema".

No obstante, es importante resaltar que dicha reunión se produjo con los anteriores equipos de gobierno de las CCAA, por lo tanto, tras los cambios en los equipos autonómicas en muchos lugares de la geografía española, se desconoce si los nuevos consejeros darán el visto bueno a este pre acuerdo. Por el momento, ha dicho Alonso, quien se ha mostrado "convencido de que llegaremos a un acuerdo", el asunto está en manos de la Comisión de Prestaciones. El ministro no ha respondido a la pregunta de si antes de las elecciones generales habrá un próximo Consejo Interterritorial donde se ratifique esta cuestión.

Aunque la inclusión de la vacuna de la varicela, por primera vez, en el calendario infantil y la posible atención a los inmigrantes han centrado el grueso de la atención mediática, la reunión también ha servido para abordar otros temas. De esta forma, se ha ratificado el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Estatal de Enfermedades Raras, se ha renovado la estrategia para la seguridad del paciente y se ha aprobado financiar el tratamiento para la piel de mariposa.

La FDA quiere que las empresas informen de los azúcares añadidos

La agencia de Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA, según sus siglas en inglés), quiere ir un paso más allá en el etiquetado de los productos alimenticios y en la información que de éstos puede obtener el consumidor. Actualmente, las empresas ya deben especificar los azúcares que tienen sus productos, pero ahora la agencia pide hacer lo mismo también con los azúcares añadidos, y propone que, además, se deba especificar esta cantidad en porcentaje.

De esta forma, la FDA quiere que las empresas citen la cantidad de azúcares añadidos que contienen sus alimentos, y lo hagan en porcentaje diario recomendado. La agencia sostiene que el porcentaje diario máximo de este tipo de azúcares, para una dieta de 2.000 calorías diarias, no debería superar el 10% del total de calorías.

Este porcentaje diario "ayudaría a los consumidores a tomar decisiones informadas para ellos y sus familias", sostienen desde la FDA, donde quieren que se informe sobre los azúcares añadidos de la misma forma que se lleva haciendo durante décadas con nutrientes como pueden ser el sodio o el calcio.

Hasta ahora, el azúcar de un producto es expresado en gramos, pero al tener que clarificar el porcentaje diario recomendado, los compradores podrán saber, de una forma mucho más clara, cuánto azúcar extra están consumiendo cada día.

Los azúcares añadidos son aquellos que no se encontraban en la comida antes de ser producidos y envasados. Del total de calorías que toman cada día los estadounidenses, el 16% provienen de los azúcares añadidos.

Vía: http://www.elmundo.es/salud/2015/07/28/55b799d122601d30748b458f.html

Frenazo a las ayudas para sillas de ruedas

Luis Miguel lleva utilizando silla de ruedas desde los 27 años (hoy tiene 44), cuando un accidente de tráfico le produjo una lesión medular. Como él mismo cuenta, tiene una vida activa: "Cojo el coche entre seis y siete veces al día, para comprar, para llevar a los niños al colegio...". Con los aproximadamente 350 euros de ayuda que tenemos en la Comunidad de Madrid (vive en Alcalá de Henares), sólo podría acceder a "una silla convencional, como la que se usa en el hospital, sin posibilidad de plegar ni quitar las ruedas. No podría conducir ni llevar la vida que llevo hoy". Por esta razón, con el apoyo económico de su familia, tiene una que cuesta alrededor de los 4.000 euros. "Está hecha a medida, puedo desmontar las ruedas, plegarla, meterla en el coche (pesa unos siete kilos, frente a los 16-20 de las tradicionales), más cómoda y manejable...". La adquiere en un establecimiento de ortoprótesis (presentando un código que le facilita su médico especialista) y al cabo de un año "me devuelven esos 350 euros de ayuda (del papeleo se encarga la ortopedia)". Una operación que se repite cada cuatro años, cada vez que tiene que renovar su compañera de fatigas.

Ahora, el técnico en ortoprótesis que le suele atender le ha explicado que Sanidad aprueba hoy una nueva regulación en el Consejo Interterritorial por la cual van a cambiar algunos aspectos. Según le ha explicado, "ya no podré ni siquiera beneficiarme de esa ayuda. Si quiero una silla mejor que la convencional (con la que pueda continuar con mis rutinas diarias) tendré que pagarla entera".

Hace aproximadamente tres años, con el objetivo de unificar criterios y sistemas de financiación en todas las comunidades autónomas (por ejemplo, Andalucía y Cataluña financian al 100% los productos ortoprotésicos de su catálogo), el Ministerio de Sanidad inició el diseño de una cartera básica de servicios para toda España (el Real Decreto 1506/2012), con la colaboración, entre otros agentes, de la Federación Española de ortesistas protesistas (Fedop).

"En la mayoría de las regiones, como Cantabria, La Rioja o la Comunidad de Madrid, llevábamos 22 años sin actualizar el catálogo de prótesis", señala Pablo Pérez, vicepresidente de Fedop. La idea era buena, sin embargo, "sólo se hablaba de precios, no de la utilidad de los productos para el paciente". Así, el borrador que hoy se hará oficial "deja fuera muchas ortoprótesis del sistema de financiación, por lo que serán los pacientes quienes tendrán que pagarlos de su bolsillo por completo", subraya Pérez. Ocurre, por ejemplo, con la bota Walker, "que se usa frecuentemente para la inmovilización de fracturas". A pesar de las alegaciones presentadas por esta federación, "Sanidad ha hecho caso omiso". EL MUNDO se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, pero éste se ha negado a ofrecer información al respecto.

Es cierto que el nuevo catálogo actualiza las prestaciones y "es más completo en cuanto a definiciones y artículos, pero no contempla todos los productos y, al guiarse exclusivamente por el precio, las calidades son inferiores y eliminan la posibilidad de escoger productos superiores", continúa el ortesista. Según relata, en otros países europeos, el paciente tiene más libertad para elegir. En Alemania hay un "catálogo de más de 6.000 productos, desde el más caro al más barato y, teniendo en cuenta una serie de criterios y las condiciones de paciente, se decide". Al fin y al cabo, "no todos van a querer una rodilla electrónica o una silla para hacer deporte", agrega.

Otro caso es el de Bélgica, donde "todo el mundo tiene derecho a una ayuda y la diferencia respecto al producto escogido la paga el paciente", ilustra el presidente de Fedop, Luis Gallego. Éste sería el sistema ideal, apuntan los dos expertos: "Que el ministerio de Sanidad permitiera una posibilidad de mejora", pudiéndose beneficiar de la ayuda establecida y pagando el resto de su bolsillo."Lo que establece este catálogo es un precio máximo de financiación, basándose en el del fabricante, y todo lo que lo supere queda excluido del servicio público (infravalorando el coste de nuestro trabajo al tomar medidas para hacer un molde, rectificarlo, fabricarlo, adaptarlo, revisarlo...)", resalta Pérez.

Aparte de esta imposibilidad de mejora, se establecen nuevos plazos de renovación. Por ejemplo, puntualiza Gallego, una prenda que se utiliza para el linfedema (acumulación de líquido que afecta a los brazos y las piernas de las personas que han recibido tratamiento por cáncer) "debe cambiarse, según el fabricante y los estudios clínicos, cada seis meses. Con la nueva regulación, se financiará cada año". Lo mismo ocurre con las sillas de ruedas, "actualmente, las eléctricas se cambian cada tres años, pero ahora será cada cinco. En cuanto a las manuales, pasará de 18 a 30 meses".

En este punto, y desde otro prisma, para Carmen Echevarría, directora de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de Sevilla, a diferencia del anterior catálogo, el nuevo coteja "la posibilidad de realizar arreglos de manera modular y financiados, sin necesidad de cambiar el producto entero". Sin ir más lejos, los amputados, "una vez acomodan el muñón en la prótesis, prefieren no cambiarla".

Así como para los ortesistas y protesistas esta nueva regulación perjudica enormemente al paciente, esta especialista considera que "va a permitir un juego más razonable de prestaciones en el marco económico en el que estamos". Lo importante sería que "se revisara dicho catálogo cada dos o tres años. Llevábamos al menos 20 con el anterior".

De la misma opinión es el presidente de la Asociación nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), Alberto de Pinto, quien además señala los "intereses de muchos intermediarios y empresas en este negocio". Tal y como argumenta,no es necesario importar productos ortoprotésicos de fuera, que se venderán el doble de caros. En España hay fabricantes, por ejemplo, de sillas ultraligeras, cómodas, que se pliegan y son tan buenas como cualquier otra de 5.000 euros, pero valen la tercera parte".

Este médico paraplejista afirma, al igual que Pérez y Gallego, que "los lesionados medulares necesitan productos de mejor calidad y que además están al alcance de Sanidad, como los fabricados en España". La doctora Echevarría recuerda que, más que el precio, en este tipo de productos, hay que valorar su utilidad clínica e intentar "regirse por un principio de mayor cobertura".

Con la nueva regulación, empeore o no el sistema de prestaciones de los usuarios, hay más perjudicados. El hecho de que exista un precio máximo de financiación también supondrá un duro golpe para los establecimientos de ortoprótesis. Según el presidente de Fedop, "con este sistema, más del 50% de ortopedias cerrará automáticamente y los fabricantes también. Los distribuidores también tendrán sus dificultades, ya que la cartera de básica no incluirá muchos de los productos que proceden de fuera, por su precio". 

Vía:http://www.elmundo.es/salud/2015/07/29/55b7c74422601d39748b45a1.html