Sanidad prevé no financiar medicamentos para síntomas menores

Sanidad no prevé financiar fármacos para síntomas menores, según señala el borrador de proyecto de real decreto de precios y financiación que hoy se presenta a las autonomías.

El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales no financiará fármacos no sujetos a prescripción médica ni medicamentos para tratar síntomas menores, según recoge el borrador de decreto de precios y financiación que hoy presenta el Ministerio a las autonomías en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial. Entre estos medicamentos estarían por ejemplo, los antiácidos, protectores de estómago, antidiarreicos, analgésicos y antipiréticos y algunos antiinfecciosos. El Gobierno rescata así una propuesta que ya se planteó en 2012, siendo ministra de Sanidad Ana Mato.

Dicho documento, aún no consensuado, señala que no se financiarán "medicamentos no sujetos a prescripción médica ni los indicados en el tratamiento de síndromes y/o síntomas de gravedad menor". Entre estos estarían los mucolíticos, lagrimas artificiales, laxantes, antidiarréicos y otros, aunque la lista no está cerrada. Tampoco entraría tampoco en financiación, en ningún caso, la homeopatía.

Según adelantó el pasado martes Diario Médico,  tampoco está previsto financiar los fármacos que "aun habiendo sido autorizados de acuerdo a la normativa vigente en su momento, no respondan a las necesidades terapéuticas actuales, entendiendo por tal un balance beneficio/riesgo desfavorable en las enfermedades para las que estén indicados".

Además de los homeopáticos, también quedarían fuera de financiación los medicamentos "que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada" y "productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares".

"En pro de una mayor evaluación, y en relación con la corriente de no hacer y de posibles desinversiones, ligada al Compromiso por la Calidad con las sociedades científicas", Sanidad tampoco financiará medicamentos que, "aun habiendo demostrado eficacia y seguridad suficientes, se comercialicen aprecios tan elevados que comprometan la viabilidad y sostenibilidad del sistema". El Ministerio promete, no obstante, "estudios y comprobaciones oportunas" a este respecto.

En líneas generales, "cualquier situación en que el incremento de coste asociado a la utilización de una nueva intervención terapéutica no se asocie a una mejora indiscutible en el estado de salud" será excluida.

Con respecto a la industria, el proyecto exigirá que presenta ciertas pruebas de que el fármaco en cuestión merece financiación, como previsión de ventas y comparativa de precio y financiación con otros Estados miembros de la UE.

Activada la alerta por calor extremo en Valencia

La Consejería de Sanidad ha activado la alerta por calor extremo en el interior de la provincia de Valencia, y la de altas temperaturas en la mayor parte de la Comunidad Valenciana. Al calor solo escaparán algunas comarcas, sobre todo las del norte de Castellón.

La previsión meteorológica indica que este sábado se producirá un cambio y la mayor parte del territorio valenciano, con temperaturas moderadas que apenas superarán los 30 grados en la mayor parte de los grandes municipios.

Sanidad ha difundido los consejos para hacer frente a temperaturas altas. Entre ellos, beber agua y líquidos evitando los que tengan alcohol, comer abundantes frutas y verduras, usar ropa ligera y de colores claros, y utilizar protección solar.

La salud pública, bajo amenaza

Con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) posiblemente en su fase final de negociación – tratado comercial entre Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico–, el tiempo se acaba para modificar algunas de las disposiciones perjudiciales que representan una amenaza directa a la disponibilidad futura de medicamentos y vacunas asequibles para millones de personas.

Como organización médico-humanitaria internacional e independiente que brinda asistencia de emergencia en más de 60 países, Médicos Sin Fronteras (MSF) está profundamente preocupada por el impacto que este acuerdo de largo alcance pueda tener en la salud pública de los países donde la organización trabaja, y más allá también.

Millones de personas no tienen acceso a los medicamentos y las vacunas esenciales que necesitan. Una de las razones es que los precios de los medicamentos y vacunas se están incrementando considerablemente, especialmente para países considerados de ingresos medios o altos. Los gobiernos deberían intentar cerrar la brecha en la falta de acceso a medicinas y deberían introducir normas y estrategias que reafirmen un imperativo de salud pública, incluida la promoción de la competencia.

Los precios de los medicamentos y vacunas se están incrementando considerablemente, especialmente para países considerados de ingresos medios o altos"

En su forma actual, el TPP amenaza con hacer la situación mucho peor y con restringir el acceso a medicamentos asequibles para millones de pacientes y proveedores de atención médico-humanitaria como MSF. Si bien las negociaciones se han mantenido en secreto, versiones filtradas indican que las normas de propiedad intelectual propuestas en el TPP darán a las empresas farmacéuticas monopolios más duraderos sobre los medicamentos de marca. Es decir, las empresas podrán cobrar precios más altos por períodos más largos de tiempo y sería más difícil para los países facilitar la producción local o importar medicamentos genéricos más baratos, que son vitales para la salud de las personas. Además, podrían crearse más barreras para acceder a los datos de los ensayos clínicos para una nueva clase de medicamentos llamados biológicos.

En julio del 2013, MSF envió una carta abierta a todos los jefes de gobierno, ministros de Salud y principales negociadores de los países involucrados, expresando nuestra preocupación en relación con el impacto que las disposiciones del acuerdo pueden tener en cuanto al acceso a medicamentos y salud. En esta carta advertíamos de que, a menos que algunas de las disposiciones perjudiciales se eliminasen, el TPP podría convertirse en el acuerdo comercial más dañino para el acceso a medicamentos que hayamos conocido. Dos años después, nuestras preocupaciones permanecen en gran medida.

Se teme que las normas de propiedad intelectual propuestas en el tratado den a las empresas farmacéuticas monopolios más duraderos sobre los medicamentos de marca"

Por ejemplo, el TPP propone bajar los estándares de patentabilidad y exigir la concesión de patentes secundarias para las modificaciones a los tratamientos existentes, incluso en ausencia de un beneficio terapéutico para los pacientes (una práctica conocida como “perennización” de patentes). El acuerdo también impondría un período de exclusividad más prolongado y sin precedentes de los datos clínicos necesarios para demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas que son productos “biológicos”. Ambas disposiciones perpetuarían los monopolios y prevendrían la competición de genéricos, haciendo que los medicamentos y las vacunas sean más caros por más tiempo. Otras disposiciones propuestas en el TPP, incluyendo la extensión de los plazos de las patentes, la vinculación de patentes con los registros sanitarios, la exigencia de nuevas formas de observancia de la propiedad intelectual, y la solución de controversias inversionista-Estado con la creación de tribunales supraestatales, son igualmente preocupantes desde la perspectiva de la salud pública y del acceso a los medicamentos.

Estas polémicas disposiciones del TPP afectarán a todos los países, ricos y de bajos ingresos, poniendo en peligro lo que ya se ha logrado en salud pública, aumentando el coste farmacéutico y poniendo la vida de millones de pacientes en riesgo.

En unos pocos días los ministros de los 12 países en negociación se reunirán en Hawái para intentar concluir la negociación del TPP. Es un momento crítico en que se podrían hacer compromisos políticos. MSF está haciendo un llamamiento público y advierte una vez más sobre la importancia de rechazar las normas nocivas que ponen en peligro el acceso a los medicamentos y a garantizar la protección de la salud pública.

Judit Rius Sanjuan es responsable de la campaña para acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras

Salud amplía los supuestos para acceder a la asistencia gratuita

El Departamento de Salud ha flexibilizado los requisitos para que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder al sistema sanitario de forma gratuita, un derecho otrora reconocido pero enterrado desde la entrada en vigor en 2012 del decreto estatal que eliminaba de una tacada la universalidad excluyendo a este colectivo de la red asistencial normalizada. La Generalitat, más indulgente que el gobierno central y contraria a la norma, prometió no dejar a nadie sin asistencia y sacó una instrucción inicial que acordaba mantener la tarjeta sanitaria a las personas expulsadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) que llevasen más de tres meses empadronadas en Cataluña. Sin embargo, entidades sociales demostraron que con esa directiva autonómica mucha gente todavía quedaba fuera. La nueva instrucción amplía los supuestos para dar atención sanitaria gratuita y permite el acceso al SNS a cerca de 70.000 personas, excluidas según la orden estatal.

Mientras el decreto de la Administración central ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo —esto es, a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)—, la primera instrucción de Salud, ahora derogada, supeditaba esa misma universalidad al empadronamiento: Salud daba asistencia de nivel 1 (atención primaria) a las personas que llevaban entre tres y 12 meses empadronaba y otorgaba el nivel 2 de atención (la cartera básica, con acceso a la atención primaria y al especialista) a los usuarios que superasen el año censados en un ayuntamiento. Según la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), de las 220.000 personas con tarjeta sanitaria reconocida por el Servicio Catalán de la Salud (Catsalut), pero no por la Administración central (INSS), 90.000 están registradas en la categoría de otras, sin más detalles, por lo que sospechan que a este colectivo “se les ha retirado la tarjeta sanitaria”. Pese a que el decreto estatal mantiene la asistencia sanitaria a personas en situación irregular en tres supuesto —urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad—, la plataforma ya ha registrado 150 casos de personas que han tenido dificultades para ser atendidos por la sanidad pública.

Con la nueva instrucción, Salud reconoce implícitamente la existencia de casos de exclusión sanitaria durante el tiempo que estuvo en vigor su anterior normativa. "Si hay algún caso que no ha podido acceder al sistema es porque entre todos no hemos sabido incluirlo dentro o porque esa persona no es proactiva a la hora de arreglar y actualizar su situación administrativa. Si alguien no entra, tendremos que hacer un esfuerzo para que pueda acceder porque esa es la voluntad", ha indicado el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que ha asegurado haber colaborado con entidades como la Pasucat para poner fin a los casos de exclusión sanitaria.

Para empezar, en la nueva instrucción, el Departamento modifica la cartera de servicios disponible en los dos niveles de asistencia: desde el empadronamiento, el usuario ya puede acceder al nivel I, que ahora supone tener acceso a los servicios y prestaciones de los llamados programas de interés sanitario (atención a drogodependencias, prevención y atención al VIH y al embarazo y, además, urgencias en los hospitales). Una vez que la persona supere los tres meses de empadronamiento, accederá directamente al nivel II de asistencia, que incluye la cartera básica de servicios (atención primaria y especializada). Las personas que hasta ahora tenían reconocido el nivel I, accederán automáticamente al segundo nivel.

La Pasucat ha valorado positivamente la nueva instrucción, aunque ha exigido que la norma "no debería estar vinculada al padrón". "Es un avance, pero falta ver cómo lo aplican. Seguiremos vigilando y denunciando cuando sea necesario", ha indicado un portavoz. Las entidades sociales han pedido a Salud que se asegure de que todos los ayuntamientos faciliten el empadronamiento de manera sencilla y ágil a todos los usuarios. Por su parte, el Parlament está tramitando una ley para impedir la exclusión sanitaria. Además, una disposición adicional dentro de la nueva instrucción reconoce que el acceso a la atención urgente ha de ser garantizado en cualquier caso y correrá a cargo del CatSalut si la persona no dispone de recursos financieros suficientes o no tiene ningún asegurador. Las personas que todavía no hayan conseguido su tarjeta sanitaria y necesiten ir a urgencias podrán firmar una declaración responsable que evitará la emisión de una factura y el pago de la visita.